En un comunicado publicado en su página oficial en Facebook, el Senador Provincial por el Frente Cambia Mendoza Ing. Rolando Baldasso, respondió con mucha altura pero con firmeza a las amenazas, agravios y escraches que sufrió, en los últimos días, en el marco del tratamiento de la ley 9202. Reproducimos a continuación el texto completo
Mendoza, 28 de Diciembre de 2019
Cuando ganan la Violencia, la Prepotencia, el Autoritarismo, la Hipocresía y el Oportunismo de unos pocos, perdemos todos.
Luego de ser escrachado públicamente, entre los padres de compañeros de mis hijos, por mis vecinos y amigos de toda la vida, he reflexionado mucho sobre lo acontecido en el tratamiento de la Ley 9209.
No iba a decir nada al respecto, hasta que se calmaran los ánimos, sobre todo luego de que el Gobernador llamara al diálogo a todos los actores sociales.
Sin embargo, con el anuncio del Gobernador, lejos de bajar el nivel de intolerancia, el mismo recrudeció al extremo tal que empecé a recibir amenazas en redes sociales y otros medios, y hoy aparecieron carteles callejeros alrededor de mi casa indicando que soy persona no grata en Luján porque he cobrado coimas de la minería.
Está claro que esto se ha salido de control, porque los ataques son personales, hechos de manera anónima, cobarde e impune.
Tienen los fondos para hacerlo, pero lo que no tienen son las pruebas, ¿por qué no fueron a la justicia con ellas?
Más allá de lo que digan, y quiénes lo digan, lo concreto es que yo vengo defendiendo el agua desde hace mucho tiempo, de manera concreta, coherente, por convicción, por formación, y ahora mucho más en mi función como legislador.
Mi histórica defensa del agua y el ambiente siempre ha sido desde lo técnico profesional, dejando de lado dogmáticas creencias culturales.
Sin embargo, hay un grupo de personas que se creen dueños de la verdad absoluta, que no están dispuestos a escuchar ni a debatir con argumentos, para quienes cualquier dato técnico es falaz, que sin representatividad alguna le imponen condiciones de diálogo al mismísmo Gobernador, y que en su mayoría carecen de la formación suficiente y la información veraz necesarias para avalar lo que aseguran, razón por la cual lo hacen vía imposición.
Para ellos, mi voto respondió a “algunos intereses” y no a mis décadas de estudio, formación, títulos de grado y posgrado, y una vasta experiencia en el estado administrando recursos hídricos.
Desde la posverdad que construyen con sus mentiras, exigen en nombre “del pueblo” (como si tuvieran su legítima representación), las acciones que consideran justas y pertinentes por parte de sus representantes constitucionales, y ante la negativa fundada de éstos, emprenden un esquema de escrache social para castigar a quienes consideran “traidores”.
No contentos con lo expuesto, se creen legitimados para actuar como jueces implacables de los demás, emitiendo sentencias como “asesino”, “corrupto”, “genocida”, etcétera, en un juicio abreviado donde sólo ellos tienen la palabra, y los condenados tenemos vedado todo derecho, y en una escalada sin freno hacen llegar su prepotencia y autoritarismo a niveles impensados para justificar los cortes de ruta, los piquetes, la violencia física, la destrucción de espacios públicos y el ataque impiadoso a quien piense distinto o este cumpliendo con su deber como la policía.
A los prepotentes escrachadores no les importa que de los 1.113.204 electores que votaron el 29 de setiembre de 2019, el 87,91%, es decir 944.072 personas, lo hicieron por candidatos que proponían a la minería como una forma de ampliar la matriz productiva de Mendoza.
Tampoco les importan los 400.000 mendocinos, en su mayoría niños, que viven en la pobreza, o los casi 70.000 indigentes, porque hace años que la economía de Mendoza no crece ni genera empleo.
Los manifestantes de buena fe representan a un sector muy importante de la sociedad, que debe ser escuchado, pero creerse la voz de todo el pueblo, es una prueba irrefutable de totalitarismo antidemocrático. Es como si afirmáramos que el grupo de delincuentes encapuchados que hirieron a decenas de policías en la protesta frente a casa de gobierno, son representativos de todos los manifestantes de buena fe que marcharon en defensa de sus creencias, aunque debemos convenir que cuando estamos en presencia de un delito, y no evitamos su comisión, nos convertimos en cómplices. Es para reflexionar.
En todo este esquema de violencia, también están los hipócritas que no han tenido empacho para colarse en listas de frentes electorales teniendo irreconciliables diferencias ideológicas con sus propuestas de campaña, con el sólo objetivo de llegar al “ansiado cargo”.
También hay dirigentes que rozando lo ilegal fomentan el escrache a sus adversarios, como es el caso del Sr. Carlos Arenas (obran en poder de la justicia las capturas de pantalla que prueban lo que afirmo).
En algún momento, deberemos llamar a las cosas por su nombre: el escrache es una forma de violencia y LA PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD ES UN DELITO.
Así las cosas, la discusión va mucho más allá de lo procedente o no de una ley.
Lo que ha quedado en discusión son parámetros culturales, en donde una minoría se cree representativa del total, la minoría de la minoría, que sacó muy pocos votos en la última elección, se siente con legitimación para agredir física o socialmente a cualquiera sin medir consecuencias, la porción de la sociedad que apoya queda muda ante la eventualidad del escrache, y la justicia indiferente mira en redes sociales como los agresores destruyen sin problemas el buen nombre, honor, las vidas y las familias de quienes piensan distinto.
Al dolor de ver como prosperan los violentos, se suma la actitud de la iglesia donde practico mi fe, que lejos de pronunciarse en contra de la violencia, ha tenido un silencio complaciente.
Estamos tan enojados y confundidos, que creemos que hacer cumplir la ley es de “milicos y fachos”, dispersar delincuentes encapuchados que hieren policías es represión, los secuestrados en la legislatura son los victimarios y se lo merecen, los representantes elegidos democráticamente son traidores y genocidas que deben ser escrachados hasta el cansancio, y los salvadores son los mentirosos, los hipócritas y los oportunistas que siempre caen bien parados.
Y así, con cada nueva tergiversación de la verdad y lo jurídico, gana la posverdad, pierde la institucionalidad y quienes están a favor del cambio de matriz productiva de Mendoza guardan silencio, ante la eventualidad del convalidado escrache.
Ninguno de los grupos mencionados tuvo en cuenta los controles internacionales que incluye la norma, la creación de la policía ambiental, el cumplimiento irrestricto de una matriz de normas ambientales que como nunca protegen nuestros recursos naturales, del Monitoreo Participativo de la actividad, y todos los controles y actores incorporábamos en la ley, y en qué zonas podía desarrollarse la actividad.
El objetivo no era cuidar el agua y el ambiente, porque en ese caso pedirían control sobre los agroquímicos, multas a quien derroche, pérdida de derecho de agua a quienes riegan a manto, etc.
El objetivo era ganar la discusión, por el método que fuere, APLASTANDO A QUIEN PIENSE DISTINTO, AUNQUE FUNDE SU VISIÓN EN SU FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE AÑOS.
Flaco favor le han hecho a las instituciones